Comadronas indígenas luchan por derechos reproductivos

Sistema oficial en Guatemala empieza a aceptar prácticas de parto tradicionales

Por Louisa Reynolds, Noticias Aliadas

Se estima que las comadronas indígenas atienden casi dos tercios de los nacimientos en Guatemala, y su trabajo ha resultado vital en el reconocimiento de la medicina de los pueblos indígenas. Pero aunque desempeñan una parte clave del proceso de coordinación entre las redes de salud tradicional y el sistema de salud oficial que se está realizando actualmente en todo el país, el sistema occidental tiene todavía que ajustarse plenamente para incluir estas tradiciones antiguas y respetadas.

Juana Ajquejay Batz, 45 años, es una comadrona que ha pasado más de 15 años ayudando a dar a luz niños en la municipalidad de Patzicía, departamento de Chimaltenango, en las montañas centrales de Guatemala. Ella dice que mientras no haya complicaciones el hogar es el lugar más adecuado para recibir un nuevo miembro de la familia.

“Las mujeres prefieren dar a luz en sus casas puesto que allí pueden preparar lo que es necesario y disponer de sus propias cosas”, dice Ajquejay Batz. “Están acompañadas por su madre y su esposo y tienen a sus otros hijos cerca, lo que les permite estar tranquilas”.


ATENCIÓN PERSONALIZADA

El trabajo de Ajquejay Batz empieza con un chequeo prenatal, durante el cual examina las condiciones del hogar y aconseja a los próximos padres sobre el espacio y las cosas que se requerirán para el nacimiento. Trata de hacer participar al padre en el control del embarazo, y guía a la madre en nutrición prenatal. Evalúa la posición y crecimiento del feto dentro del vientre.

Durante el parto, ella comunica seguridad, confianza y calma a la madre, y le sirve infusiones calientes de manzanilla, espliego y comino, ayudándola a mantenerse abrigada y relajada, lo cual hace más fácil pujar con fuerza.

Dentro de la cultura maya, el nacimiento es un “proceso frío” —el bebe deja el vientre cálido de la madre para salir a un ambiente frío—, de modo que debe ser equilibrado con un entorno abrigado en que la mujer se sienta arropada y disponga de bebidas calientes.

Pero aunque estos elementos son considerados importantes para asegurar el bienestar de la mujer durante el parto, los centros de salud no los toman en cuenta. Por ejemplo, las familias mayas creen que la placenta desempeña un papel importante y debe ser quemada y más tarde enterrada en un lugar apropiado a fin de asegurar la debida recuperación de la madre y la salud del recién nacido. Sin embargo, esta práctica no es aceptada dentro de los protocolos del sistema nacional de salud.

Ajquejay Batz dice que cuando detecta una complicación durante el nacimiento, el primer problema es convencer a las familias para llevar a la mujer a un centro de salud. Cuando llegan al centro, el personal médico le prohíbe acompañar a la parturienta.


OBSTÁCULOS POR VENCER

Para la Alianza Nacional de Mujeres Indígenas para la Salud Reproductiva y otras organizaciones mayas, respetar el derecho de las mujeres a tener nacimientos en la posición que prefieran es el primer paso significativo que debe ser adoptado por los centros de salud guatemaltecos para reconocer el valor de las prácticas tradicionales mayas de dar a luz.

Por ello, actualmente, a instancia de estas organizaciones sociales, una de las primeras tareas de la Unidad de Salud de los Pueblos Indígenas e Interculturalidad, creada en noviembre de 2009 con el objetivo de darle mayor pertinencia cultural al sistema de salud público, ha sido revisar los protocolos del sistema nacional de salud a fin de que las mujeres puedan decidir qué posición prefieren para traer a sus hijos al mundo.

Entretanto, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) está readecuando sus salas de parto y capacitando a su personal en las prácticas indígenas.

Diversas organizaciones están demandando que todas las guatemaltecas tengan acceso a servicios de salud que estén bien equipados y respeten las diferentes maneras de dar a luz.

Aunque reconocen que el MSPAS ha hecho avances en integrar los dos sistemas de atención en salud, organizaciones tales como la Alianza Nacional de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva quieren que su experticia sea reconocida plenamente y que sean incluidas dentro de los servicios de salud reproductiva del país en todos los niveles de la atención médica.

La organización sostiene que la relevancia cultural de su trabajo significa que el Estado debe establecer un registro profesional de sus miembros y por consiguiente asignar un presupuesto para pagarles y promover el intercambio de experiencias y relaciones respetuosas entre el personal de salud entrenado en la medicina occidental y las terapias indígenas.

Lourdes Xitumul, directora de la Unidad de Salud de los Pueblos Indígenas e Interculturalidad, dice que se han logrado avances y que la norma sobre partos en posiciones tradicionales indígenas ya se está aplicando en centros de atención primaria y hospitales regionales, pero que en hospitales de las ciudades o especializados las mujeres no reciben todavía la elección de cómo dar a luz.

En Guatemala, las mujeres indígenas mueren en el embarazo o dando a luz en un porcentaje tres veces mayor que las mujeres no indígenas. Según el MSPAS, la tasa de mortalidad para las primeras es 211 por 100,000 mujeres embarazadas, y para las segundas 70 por 100,000 nacidos vivos. Las regiones predominantemente indígenas y rurales del norte, noroeste y suroeste muestran las cifras más altas.

Aunque la mortalidad materna no siempre puede ser evitada, los riesgos pueden reducirse grandemente con acceso adecuado a atención obstétrica de emergencia. Una de las principales complicaciones que pueden presentarse durante el nacimiento o inmediatamente después es la hemorragia, que puede producirse en ausencia de centros de emergencia y una red de caminos accesibles, la falta de un programa de banco de sangre y el costo prohibitivo para la mayoría de familias de acceder a servicios médicos y transporte eficiente.

Sin embargo, no es sólo un problema de recursos. Una de las principales dificultades experimentadas por mujeres indígenas que tratan de acceder a servicios de atención en salud es la barrera del idioma, que se deriva en desinformación, mayores riesgos y trato irrespetuoso o incluso humillante cuando se atienden en centros de salud.

De hecho, diversos estudios han mostrado que uno de los principales factores que hacen vulnerables a las mujeres a mayor riesgo de mortalidad materna es la falta de atención de calidad o culturalmente pertinente. Esto ha llevado a muchas mujeres indígenas a negarse a acceder a los servicios de salud pública durante todo su embarazo y postparto, incluso cuando ello podría salvarles la vida.


Fuente Rebelión

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Hijos del femicidio

Hijos del femicidio entre el abandono, el olvido y la vulnerabilidad

Por Alba Trejo, SEMlac

Algunos usaban pañales cuando dejaron de escuchar sus voces y sentir sus brazos. Otros iban a la escuela y, al regresar, su presencia se había esfumado de casa, mientras los más grandes entraban a la adolescencia cuando sus ojos vieron cómo la violencia coartaba la vida de su madre.

Los hijos del femicidio, los huérfanos de la violencia, las víctimas colaterales --de la forma que se les nombre--; ellos y ellas son ahora un eslabón de la cadena de violencia que día a día limita la vida de las guatemaltecas, principalmente de las que se encuentran en edad fértil. Morir por el solo hecho de ser mujer se ha convertido en una constante en este país. Tanto así que 20 es el número de mujeres que han ingresado a la morgue desde que inició el año.

La gran mayoría, según la directora del Instituto de Ciencias Forenses (INACIF) Miriam Monroy, con un tiro en la cabeza o severas excoriaciones. Pero casi todas con un antecedente de sufrimiento previo a su muerte, dijo a SEMlac la funcionaria.

La estatal universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) elaboró el primer diagnóstico situacional en este país del área centroamericana, que determina cómo se encuentran los y las hijas de las mujeres asesinadas en la capital guatemalteca.

El documento, elaborado después de visitar y entrevistar por lo menos 33 niñas y niños cuyas madres fueron asesinadas, demuestra que en cada hogar violentado quedaron al menos entre tres y seis sin su progenitora.

Pobres y extremadamente pobres una gran cantidad, concluye el informe, lo que solo demuestra que la mayoría de las asesinadas vivían en áreas marginales, en situaciones infrahumanas, confirma a SEMlac Norma Cruz, de la Fundación Sobreviviente. Además de que se trata de trabajadoras de casas, de maquilas o empleadas en el sector informal.

La investigación se realizó en casos de mujeres asesinadas a tiros, estranguladas o ultimadas con arma blanca entre 2007 y 2009. Sus hijos ,que quedaron huérfanos desde los dos meses de nacidos hasta los 17 años de edad, "de repente se encontraron con que ya no tenían a su lado a la persona con quien más se identificaban", dice Elsa Arenales, de la Escuela de Trabajo Social de la USAC.

En ellos y ellas aparecieron las manchas en la piel, las ronchas purulentas en la cabeza, las infecciones del aparato urinario y la pérdida de peso, pero quienes asumieron la responsabilidad de cuidarles nunca lo asociaron con la muerte violenta de la madre.

Elsa Arenales, quien dirigió la investigación, le denomina padecimiento postraumático, al perder al ser con quien más se identificaban. La violencia de género tiene en este país del área como principal victimario al marido, ex marido, o compañero de vida, pero también a los pandilleros, destacan informes elaborados por la unidad de femicidios del Ministerio de Gobernación.

Sólo en 2009 se recibieron alrededor de 40.000 denuncias por violencia intrafamiliar, informó Zenaida Escobedo de la unidad de género del Organismo Judicial.

"Es un informe conmovedor y el Estado debe asumir la responsabilidad de atender a esos niños, principalmente aquellos que quedaron en manos de los victimarios de las mujeres; es decir, sus esposos o ex compañeros", comentó a SEMlac la Embajadora de España en Guatemala, Carmen Diez.

Pero lo más grave es que, desde 2007, el número de mujeres asesinadas se mantiene constante, a razón de 700 como promedio anualmente, que han sido muertas a tiros, estranguladas, desmembradas o asfixiadas.

Los huérfanos del femicidio engrosan ahora la lista de por lo menos unos 2.000 niños que, asegura Norma Cruz, quedaron sin madre como consecuencia de los niveles de femicidio que han llevado a la tumba a por lo menos 3.500 guatemaltecas entre 2000 y 2007. Esas víctimas colaterales, en algunos casos, quedaron en manos de abuelas, tíos o amigos de la víctima.

Elsa Arenales, de la USAC, muestra preocupación acerca de que, en muchos casos, el diagnóstico determine que la familia huye con los niños o se los reparten, como si fueran naipes.

Arenales destaca que las y los niños no quedaron con sus padres, porque muchos de ellos no tenían papá o los hermanos eran hijos de diferentes padres que habían abandonado a la madre, e incluso fueron los autores del femicidio.

En no pocos, "se violan los derechos a una vida sin maltrato físico, acudir a una escuela o protegerlos del abuso sexual", destaca Iván Yerovi, representante adjunto del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Yerovi sostiene que "nadie atacó de entrada el problema y la realidad es grave, porque después los y las niñas pasan a formar parte de la delincuencia organizada o de las maras".

"La vulnerabilidad está a flor de piel, ya que algunas de las víctimas colaterales tienen ya 15 años de edad y ninguno ha terminado la primaria", comenta Mirna Bojórquez, directora de la Escuela de Trabajo Social de la USAC.

Infantes que no duermen de noche, lloran de repente o suelen portar un arma de juguete en su mochila para vengar la muerte de su madre: esa es la niñez que encontraron los investigadores de la USAC.

Tampoco se identifican con la familia que los adoptó tras la tragedia y lo peor es que algunos niños y niñas no han recibido tratamiento psicológico desde el fallecimiento de su madre, a quien vieron morir de manos de sus padres.

Las guatemaltecas, que forman el 52 por ciento de los 14 millones de habitantes, sufren violencia intrafamiliar entre los 20 y 39 años de edad, señala Yolanda Sandoval, de la fiscalía de la Mujer del Ministerio Público (MP).

La fiscal del Ministerio Público (MP) de Delitos contra la Vida, Blanca Lily Cojulún, no sabe cómo quedaron los y las niñas después de perder a su madre, porque no es una situación de competencia para esa entidad.

El gobierno del presidente, Álvaro Colom, sin embargo, iniciará un proyecto para brindarles tratamiento psicológico, ayuda social y seguridad. Y de igual forma busca crear una estrategia de atención inmediata para atender a la niñez que pierde a su madre de forma violenta.

Fuente Rebelión

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